Si el estado del bienestar tuvo alguna vez cabida entre los discapacitados, hoy se muestra como un sueño inalcanzable, un derecho que se aleja y desvanece bajo los crueles designios de una crisis cuyos máximos culpables son los únicos que parecen eludir las consecuencias.
No cabe duda, sin embargo: es preciso asumir y emprender graves reformas que la ciudadanía habrá de pagar, además de sufrir sus efectos y secuelas; ahora bien, sería tremendamente injusto que un peso excesivo recayera sobre los más desprotegidos: para un discapacitado resulta ya muy complicado conseguir un puesto de trabajo y extremadamente duro mantenerse en él ese mínimo de quince años necesarios para generar una pensión. ¿Cómo podemos calificar la posibilidad de que tal plazo se dilate aún más? Confiemos en que los nuevos legisladores tengan en cuenta la necesidad de establecer excepciones para unos ajustes que, además de dolorosos, acrecentarían las diferencias sociales en lugar de minorarlas. De hecho, la apuesta de algunas organizaciones, como Cáritas o Cruz Roja, pasa por estimular el voto a aquellos gobiernos mejor dispuestos a incluir en sus programas un trato favorable hacia los colectivos menos dotados para alcanzar las metas a las que todo ser humano tiene derecho.
Si la igualdad entre los desiguales constituye una gran discriminación, porque no todos gozamos de las mismas oportunidades, solo la empatía, esa gran virtud que nos ayuda a ver el mundo con ojos ajenos y a colocarnos en el lugar de los demás, garantiza un trato equitativo por encima de una óptica egocéntrica y miope. Pero no se trata de caridad ni de concesiones gratuitas, sino de justicia y fe en la humanidad; porque cualquier proyecto que ignore la necesidad de trabajar en común en pro de un mundo mejor, en el que todos han de tener su sitio, está destinado al más miserable e ignominioso fracaso.
Publicado en El Periódico de Aragón, el viernes 10 de febrero de 2012
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