La dependencia o necesidad de ayuda es una limitación que tiende a expandirse con la edad y puede traspasar límites inconcebibles. A pesar de lo que implica, apenas si ha tenido trascendencia una pavorosa noticia proveniente de las Islas Afortunadas, siempre muy atractivas, pero no tan venturosas para algunas personas, como ese nutrido grupo de ancianos, que tras ser dados de alta, han de permanecer confinados en centros hospitalarios por indisponibilidad de familiares que puedan acogerlos o, careciendo de suficientes medios, residencias donde alojarse. No se trata de algo que los servicios sociales puedan paliar, ni que sufridos cuidadores puedan remediar, a costa de un enorme esfuerzo y coste económico, salvo por parte de personas muy próximas y dispuestas a un gran sacrificio, para los cuales, además, la perspectiva es tanto peor cuanto mayor sea el déficit de competencias del anciano, pues el precio de la asistencia se multiplica, así como las tareas y obligación de renunciar a sus propios ingresos profesionales.
Llegar a viejo no debiera suponer una condena, tan inmerecida después de toda una vida de intenso trabajo, quizá en condiciones infrahumanas; pero son precisamente las personas con menos recursos las que en mayor medida padecen las consecuencias. Tampoco es este ni mucho menos un problema restringido a las Islas Canarias, sino extensible a toda la sociedad y de muy difícil solución, sea por parte de la Administración, de ONGs comprometidas como Cáritas, o de los propios familiares, exhaustos. Parece obvia la necesidad de trabajar en dos direcciones, las ayudas personalísimas en mayor cuantía y máxima agilidad, dirigidas a valedores y dependientes, que así podrían permanecer más tiempo en su domicilio, y el acceso a plazas gratuitas en residencias públicas, mejor dotadas y con mayores recursos.
Publicado en El
Periódico de Aragón, el viernes 11 de
noviembre de 2022.
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