Un Pacto por la educación

¿Necesitamos realmente un Pacto por la educación? Fernando Gurrea afirmó recientemente en la primera sesión del “Foro de Derechos Ciudadanos 2022 Educación”, que tal pacto ya existe y es, precisamente, el recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. Nacida en el consenso y en una etapa tan difícil como crucial de la vida política española, la Ley de leyes garantiza el derecho a una educación en libertad, donde los padres puedan elegir la formación religiosa y moral de sus hijos, de acuerdo con sus convicciones.

Sin embargo, el contraste entre el ejercicio de ese derecho y la realidad pone de relieve la existencia de múltiples matices, lagunas y conflictos, tal y como viene recogiendo Ángel Dolado como Justicia de Aragón, entidad precisamente coorganizadora del Foro, junto con la Fundación Manuel Giménez Abad. De hecho, en su segunda sesión, Pilar Abós, Begoña Vigo y Laura Larriba analizaron diversas brechas existentes, como las diferencias territoriales y la problemática de la escuela rural, la disponibilidad y aplicación de medios digitales o el acceso a la educación de alumnos con discapacidades, sea mediante su integración con el resto del alumnado, opción que muchos padres desestiman, o bien en centros específicos de atención especial.

Otro de los grandes puntos de discrepancia reside en la financiación de centros públicos y privados, revisado por Carlos Vidal, y fuente de profundas divergencias en función de los diferentes actores, en particular cuando se trata de la escuela concertada, lo que suscita tensiones y obstáculos para un entendimiento alineado con el espíritu señalado por la Constitución. Y si esto es así en cuanto a cuestiones de fondo, el panorama es tanto más arduo al entrar en detalles y su regulación, que cada sucesivo Gobierno porfía por enredar en una interminable maraña.

Publicado en El Periódico de Aragón, el viernes 1 de julio de 2022.