La voz de la calle tilda con frecuencia a la Justicia de ineficaz. Quizá no falten buenas razones para tan acerba condena; el problema es que por una excesiva generalización, la acusación de negligencia no se ciñe a los fallos de un sistema maltrecho y desengrasado, sino que alude de forma despiadada a todos los profesionales implicados. Pero desde los funcionarios al Juez, pasando por los Letrados de la Administración de Justicia, como así se denomina hoy a los antiguos Secretarios judiciales, lo que encontramos son unos equipos que han de cubrir con su excesiva dedicación y horas extras las deficiencias de procedimiento y abrumadora carestía de recursos.
En las últimas décadas, el número de causas se ha incrementado exponencialmente, mientras que las argucias para dilatar los procesos son ya de uso común, persiguiendo la prescripción o, más simplemente, el retraso de un veredicto inculpatorio. Sin embargo, ni tan apenas se ha modificado el número de juzgados así como tampoco el de personas que los atienden, supliéndose tal penuria mediante sustitutos interinos muchas veces poco preparados. Aún es más llamativo el retraso en la informatización de las oficinas judiciales, muy por detrás de lo que la propia sociedad ha asumido tanto en el ámbito empresarial como en el privado.
Así las cosas, y obviando otras muchas carencias, son precisamente los profesionales de la Justicia quienes están salvando el funcionamiento de los juzgados merced al sacrificio personal de una gran mayoría que no duda en esforzarse al límite para sobrellevar la carga de trabajo impuesta. Como premio solo obtienen la incomprensión, tan justificada como desorientada, de una ciudadanía sobre la que, en definitiva, recae el precio de una Justicia ineficaz.
Publicado en El Periódico de Aragón, el viernes 15 de abril de 2016.
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