En nuestro país hay muchas trabajadoras del hogar, que prestan sus servicios a tiempo completo como cualquier otro empleado y que, obviamente, tienen idénticos derechos y obligaciones respecto al régimen de afiliación a la Seguridad Social. Pero también existen múltiples casos de personas que ejercen sus funciones de apoyo en hogares ajenos de forma notoriamente irregular y por periodos muy reducidos, muchas veces mediante pequeños servicios de diversa tipología que tienen como destinatarios a incapacitados y ancianos. Aflorar tal empleo que ahora subyace en la economía sumergida parece un loable empeño que, además, podría redundar en beneficio del propio trabajador, tanto más en cuanto no debería suponer un coste excesivo para la mayoría de los empleadores. Pero si ello se realiza bajo una normativa tan compleja y burocratizada como la actual, más bien parece un despropósito en contra de los trabajadores, de los empleadores y de la propia Seguridad Social, cuya recaudación apenas puede cubrir los costes de gestión.
Resulta difícil, muy difícil de entender, el papel de una Administración obstinada en complicar la existencia de una gran mayoría de la población, a la que se exige un sacrificio desproporcionado para solventar una crisis de la que no es culpable, y a la que se pretende mantener bajo tutela y control exhaustivo, mientras que se mantienen lagunas legislativas mediante las que los magnates evaden sus responsabilidades y fortuna con sorprendente facilidad e impunidad.
Una vez más, cabe preguntarse: ¿están leyes y Administración al servicio de la ciudadanía? ¿Por qué se merma el sueldo de trabajadores y funcionarios mientras perduran inicuos privilegios para las grandes fortunas?
Publicado en El Periódico de Aragón, el viernes 18 de octubre de 2012
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