La protección del menor

En el devenir cotidiano de la escena pública, la carencia de un mínimo y elemental consenso supone un grave obstáculo en la feliz resolución de cualquier asunto de relevancia, pero ello es tanto más importante cuando se atraviesan momentos difíciles, donde tan necesario es mantener la unidad de voluntades en un esfuerzo común, tal y como viene demostrando la crisis que atravesamos, sea en su versión sanitaria, social o económica, la cual viene haciendo patentes las graves consecuencias de la dispersión de energía y acciones.

Por fortuna, no es este el caso de la reciente aprobación de la ley de protección de la infancia frente a la violencia, que ha obtenido el beneplácito de la casi totalidad del Congreso; normativa cuyos puntos más importantes son la ampliación del plazo de prescripción de los delitos graves y la obligatoriedad de denuncia por parte de cualquier ciudadano testigo de un acto de agravio o agresión. Se trata, desde luego, de significativas, imprescindibles y loables mejoras, que amplían las garantías para el amparo del menor, pero que no previenen el daño, sino que actúan cuando el mal ya ha sido cometido.

Hablar de prevención equivale a utilizar el máximo acuerdo social en el hogar, en la escuela, en la calle; en suma, en la educación y en la formación de los niños. Todos hemos de contribuir a que los infantes crezcan en brazos del amor y del respeto, sin que ningún trauma paralice su natural evolución hacia la madurez, a la vez que se estimula el forjado de su personalidad. El primer punto de inflexión tiene lugar en el hogar, donde los padres son los casi exclusivos protagonistas y no siempre están necesaria y suficientemente preparados para afrontar su sagrada misión. Hace falta una escuela de padres y la colaboración de toda la tribu en su asistencia y refuerzo como educadores.


Publicado en El Periódico de Aragón, el viernes 23 de abril de 2021.